Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México
Artículo 131: Qué se verifica al supervisar los juzgados cívicos
En pocas palabras
Este artículo enumera lo que, cuando menos, debe verificarse en la supervisión de los juzgados, sin perjuicio de lo que dicte la Consejería y de lo que establezca el Reglamento. Incluye el control de las boletas de remisión de las personas policías, que los expedientes tengan motivación y fundamentación, que las multas se enteren conforme a la Ley, que se exhiban en lugar visible los artículos 26, 27, 28 y 29 y los lugares para quejas, y que se respeten los derechos humanos. Hay más puntos en la lista.
Preguntas relacionadas
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Resumen escrito con IA a partir del texto oficial; el texto oficial es el que vale.
En la supervisión deberá verificarse, independientemente de lo que dicte la Consejería y lo establecido en el Reglamento, cuando menos lo siguiente:
I. Que exista un estricto control de las boletas con que remitan las personas policías a las personas probables infractoras;
II. Que exista total congruencia entre las boletas de remisión presentadas al juzgado y las reportadas por las personas policías, mediante los mecanismos que determine la Consejería en coordinación con la Secretaría;
III. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén integrados con la debida motivación y fundamentación aplicable al caso concreto, y conforme a lo establecido por esta Ley y que la actuación del personal del juzgado cívico se lleve a cabo en cumplimiento de los principios de legalidad y debido proceso.
IV. Que las constancias expedidas por la Persona Juez se refieran a hechos asentados en los registros a su cargo;
V. Que el entero de las multas impuestas se realice en los términos de esta Ley y conforme al procedimiento respectivo;
VI. Que se exhiba en lugar visible el contenido de los artículos 26, 27, 28 y 29 de esta Ley, así como los datos relativos a los lugares de recepción de quejas relacionadas con el despacho de los asuntos que son competencia de la Persona Juzgadora;
VII. Que el Juzgado cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para prestar el servicio;
VIII. Que los informes a que se refiere esta Ley sean presentados en los términos de la misma, y
IX. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de los involucrados.