Ley de Movilidad de la Ciudad de México
Artículo 131: Causas de revocación de permisos de transporte
En pocas palabras
Los permisos para prestar servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en ciclotaxis, pueden revocarse por las causas que enumera el artículo. Entre ellas: incumplir las obligaciones del permiso, enajenar los derechos conferidos, no tener póliza de seguro vigente, no pagar indemnizaciones por daños a usuarios o terceros, o presentar documentos falsos o datos falsos a la Secretaría. También procede por infracciones graves, tres sucesos de lesiones o un suceso de muerte por hechos de tránsito imputables a la persona conductora según la autoridad ministerial.
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Resumen escrito con IA a partir del texto oficial; el texto oficial es el que vale.
Son causas de revocación de los permisos para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en ciclotaxis:
I. El incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el mismo;
II. Enajenar en cualquier forma los derechos en ellos conferidos;
III. No contar con póliza de seguro vigente de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen a usuarios o terceros en su persona y/o propiedad;
IV. No cubrir las indemnizaciones por daños causados a usuarios y terceros, con motivo de la prestación del servicio;
V. Cuando se exhiba documentación apócrifa, alterada o se proporcionen informes o datos falsos a la Secretaría; y
VI. Hacerse acreedor a infracciones calificadas como graves por la Secretaría, por incumplir con las obligaciones acondiciones establecidas en la presente Ley, en el permiso o en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, ya sea por sí mismo o a través de sus conductores o personas relacionadas con la prestación de los servicios de transporte.
VII. Cuando se presenten tres sucesos de lesiones, por hechos de tránsito derivados de la prestación del servicio, a una o más personas que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial competente sean imputables a la persona conductora; y
VIII. Cuando se presente un suceso de muerte por un hecho de tránsito derivado de la prestación de servicio, que de acuerdo con la investigación realizada por la autoridad ministerial competente sea imputable a la persona conductora.