Ley de Movilidad de la Ciudad de México
Artículo 88: Transporte público del Gobierno y estudios de factibilidad
En pocas palabras
La Secretaría controla, atiende y trata a los concesionarios del transporte en un plano de igualdad. Previo estudio de factibilidad, establecerá los mecanismos para implementar un servicio de transporte público proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas populares o a aquellas donde el servicio de los concesionarios sea insuficiente. Para efectos de este artículo, el estudio debe incluir, entre otros requisitos, estudios técnicos, número y tipo de unidades, que no cause competencia ruinosa a los concesionarios y las afectaciones a la vialidad.
Preguntas relacionadas
- ¿Qué debe incluir el estudio de factibilidad para que el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca transporte público?
- ¿Puede el Gobierno de la Ciudad de México prestar transporte público en zonas donde el servicio de los concesionarios es insuficiente?
- ¿Cómo trata la Secretaría de Movilidad a los concesionarios del transporte?
Resumen escrito con IA a partir del texto oficial; el texto oficial es el que vale.
La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios para implementarle servicio de transporte público proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea insuficiente.
Para los efectos de este artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los siguientes requisitos:
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio;
II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio;
III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán;
IV. Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia ruinosa a los concesionarios;
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público sobre la vialidad; y
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.